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Sanciones PBC/FT
El régimen sancionador establecido en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es severo, por ello, la recepción del Acuerdo Incoación de Expediente Sancionador resulta un duro golpe para cualquier empresa y sus directivos que también se encuentran expuestos a sanciones de elevada cuantía. Asistimos y acompañamos a la empresa en la preparación de escritos de alegaciones al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, así como realización de cualesquiera otros actos o gestiones pertinentes durante la tramitación del procedimiento sancionador.
El cumplimiento normativo es fundamental en un entorno empresarial responsable y en constante evolución. Nuestra experiencia y dedicación en la gestión de procedimientos sancionadores son la garantía de que tu empresa recibirá un apoyo sólido y efectivo. Confía en nosotros para navegar con éxito a través de los desafíos regulatorios y proteger tus intereses comerciales en todo momento. Tu tranquilidad es nuestra prioridad.


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Novedades en Sanciones de Prevención del Blanqueo de Capitales en 2026
El año 2026 marca un punto de inflexión en el régimen sancionador en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT), como consecuencia de la entrada en aplicación progresiva del nuevo marco normativo europeo y el refuerzo de los poderes sancionadores de las autoridades supervisoras.
1. Aplicación del nuevo Paquete Europeo AML
Desde 2026 comienza a desplegarse plenamente el denominado Paquete AML europeo, aprobado en 2024, que introduce un sistema sancionador más homogéneo y severo en toda la Unión Europea.
- Entrada en vigor del Reglamento Europeo AML, de aplicación directa en todos los Estados miembros.
- Reducción de divergencias entre países en la tipificación de infracciones y sanciones.
- Mayor seguridad jurídica, pero también mayor exigencia en el cumplimiento.
Más información oficial:
Consejo de la Unión Europea – Paquete AML
2. Refuerzo del régimen sancionador y aumento de multas
La Sexta Directiva AML (AMLD6) refuerza significativamente el régimen sancionador aplicable a los sujetos obligados.
- Multas de hasta 10 millones de euros o el 10 % del volumen de negocio anual.
- Posibilidad de imponer multas coercitivas periódicas hasta la corrección del incumplimiento.
- Mayor atención a infracciones reiteradas o estructurales.
Análisis jurídico:
DLA Piper – Nuevas reglas AML
3. Creación de la Autoridad Europea contra el Blanqueo (AMLA)
En 2026 comienza a operar plenamente la Autoridad Europea Anti-Blanqueo (AMLA), con competencias directas de supervisión y sanción.
- Supervisión directa de entidades de alto riesgo.
- Coordinación de sanciones entre autoridades nacionales.
- Mayor probabilidad de sanciones transfronterizas.
Información institucional:
Consejo de la UE – AMLA y supervisión reforzada
4. Ampliación de sujetos obligados y agravantes sancionadoras
El nuevo marco normativo amplía el número de sujetos obligados y endurece las consecuencias del incumplimiento.
- Incorporación de proveedores de criptoactivos, agentes deportivos y comercio de bienes de lujo.
- Límite europeo de pagos en efectivo de 10.000 €.
- Incumplimientos en diligencia debida considerados agravantes sancionadores.
5. Impacto específico en España en 2026
En el ámbito nacional, las autoridades españolas refuerzan los criterios de evaluación de los expedientes sancionadores.
- Actualización de catálogos de indicadores de riesgo.
- Mayor exigencia de evidencia documental del cumplimiento.
- Incremento de sanciones por deficiencias formales y operativas.
Referencia técnica:
BDO – Actualización normativa PBC/FT
Conclusión
En 2026 el enfoque sancionador en PBC/FT es más severo, coordinado y proactivo. Las empresas que no adapten sus sistemas de cumplimiento a este nuevo escenario se enfrentan a sanciones económicas elevadas, restricciones operativas y un grave daño reputacional.
Contar con asesoramiento legal especializado y sistemas de prevención robustos ya no es una opción, sino una necesidad estratégica para operar con seguridad jurídica.


